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viernes, 31 de agosto de 2012

LA AUSENCIA DE LICENCIA DE OBRA COMO INFRACCION ADMINISTRATIVA: “UNA APROXIMACION A LAS INFRACCIONES DE EJECUCIÓN INMEDIATA Y LAS INFRACCIONES CONTINUADAS”



Abog. Marco Alaín Rodríguez Ríos.
   Ejecutor Coactivo
   Municipalidad Provincial de Trujillo

Como es de conocimiento del colectivo, el contar con licencia, permiso o autorización municipal a efectos de poder desarrollar procesos constructivos en un inmueble, es una obligación que actualmente debe ser observada por cualquier administrado conforme a lo establecido en el 90º y 92º de la Ley Nº  27972 (1) - Ley Orgánica de Municipalidades; pero la misma no es una carga administrativa que sea realativamente nueva, sino que  tiene sus antecedentes normativos en  dispositivos legales tan antiguos como :

La “Nueva Ley de Municipalidades” (promulgada el 14/10/1892) que en el inciso 4) de su Artículo 77º establecia lo siguiente:
“Son atribuciones de los Concejos Municipales reglamentar, administrar é inspeccionar los servicios de las poblaciones de su jurisdicción relativos á los siguientes ramos ( . . .) al ornato de las poblaciones á cuyo fin fijarán las reglas para la construcción exterior de los edificios particulares, la cerca de los solares y formación y conservación de los jardines, paseos, arboledas, puentes y demás lugares públicos” (2)  
El Decreto Ley Nº 22250 “Ley de Municipalidades” (promulgada  el 28/07/1978 y publicada el 29/07/1978 por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas) (3) que establecía lo siguiente:
Artículo 75º. 
“Todo Concejo Municipal deberá reglamentar y controlar la construcción, remodelación y demolición de edificios. Ninguna obra pública o privada, excepto las relacionadas con la Defensa Nacional; podrá ocuparse sin la respectiva conformidad de obra que el Concejo expedirá al término de las construcciones, si comprueba que ha sido ejecutada correctamente”.
Artículo 80º
“Los Concejos Municipales deberán velar por el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares que señala el Reglamento Nacional de Construcciones, mediante la conformidad de obra a que se refiere el artículo 75º y una constante acción asistencial para conservar los mínimos de habitabilidad”

El Decreto Legislativo Nº 51 “Ley Orgánica de Municipalidades” (promulgado el 16/03/1981 y publicado el 17/03/1981) (4) que establecía lo siguiente:
        Artículo 18º
“En materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad pública, son funciones de las municipalidades las siguientes:
(. . .)
j)        Reglamentar y controlar las construcciones, remodelaciones y demolición de edificios, en beneficio de la seguridad y habitabilidad de las edificaciones y ornato de las ciudades.
(. . .)  
ll)   Otorgar licencias de construcción, demolición y obras públicas locales
(. . . )”

Y la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de Municipalidades (5) promulgada el 08/06/1984 y publicada el 09/06/1984) que en el inciso 11) de su Art. 65º establecía lo siguiente:
“Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva reglamentar (. . .) otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento Provincial respectivo”

Consiguientemente queda claro el hecho irrefutable, que desde el año 1892 hasta la fecha, cualquier persona que hubiere pretendido realizar procesos constructivos privados o particulares, tenía la obligación de obtener primero una licencia o autorización municipal, o de regularizar la obtención de la misma, a fin de no encontrarse en una situación de continua vulneración a las disposiciones normativas correspondientes, es decir frente a la comisión de una infracción administrativa. Hecho que define el tipo de infracción administrativa y el cómputo prescriptorio de la misma.

Como lo ha señalado el profesor Mario Alva Mateucci (6) cuando analiza el principio de continuidad de infracciones, existen dos (2) tipos de infracciones administrativas a saber: las “infracciones de ejecución inmediata: son aquellas infracciones en las cuales no es necesario verificar que la infracción se cometa de manera continuada en el tiempo sino que la conducta antijurídica se presenta en un solo momento (. . .) y las “infracciones continuadas: son aquellas infracciones cuya realización se prolonga en el tiempo mientras se persista en la condición que establezca el supuesto infractor (…)” (7).

Francisco Javier de Ahumada Ramos y José Ignacio Solar Cayón  refieren que: “hay que advertir que en los supuestos de infracción continuada, esto es, de aquellas que se inician en un momento pero que se prolongan en el tiempo, el cómputo del plazo de prescripción de la infracción se cuenta desde que se pone fin a la conducta infractora” (8).

El profesor José Luis Piñar Mañas (9) analizando las infracciones continuadas refiere que, “cuando la infracción consiste en un no hacer, el plazo de la prescripción sólo comienza a correr cuando ha cesado la situación ilícita, es decir, cuando el agente ha realizado la acción a la que viene obligado. Otra cosa sería tanto como animar al que ha incumplido con un deber legal a que lo siga incumpliendo pues, transcurrido el plazo de la prescripción, no se le podrá sancionar a diferencia de lo que ocurriría con aquél que habiendo incumplido inicialmente, con posterioridad, se aviene a realizar lo ordenado por la norma (10).

Conforme a todo ello, debemos de señalar que teniendo la condición de obligación de no hacer, la conducta de no construir sin licencia, porque ello supondría el quebrantar el orden jurídico establecido, debe quedar claro que la misma tiene la naturaleza de infracción administrativa continuada, puesto que lo determinante en este tipo de infracciones no es tanto el hecho de la data de la construcción sino su permanencia bajo la misma condición de ilegalidad durante un determinado período de tiempo sin haber procedido a su regularización ante la autoridad municipal.  

Consecuentemente esta infracción administrativa no se debe considerar cometida desde el momento en que se construyó la edificación sin contar con el visto bueno municipal plasmado en una autorización o licencia de obra o de construcción (o cualquiera sea la denominación que le otorgue), sino que dicha infracción ha estado siendo cometida durante todo el tiempo en que la edificación ha permanecido consolidada sin haber contando con licencia de obra (a fin de asegurar sus condiciones de habitabilidad y seguridad propia de los que habitan en su interior), es decir, se trata de una infracción continuada en el tiempo.

Pero, ¿qué norma se debería de aplicar para sancionar una construcción que por el tiempo transcurrido, hubiera resistido la vigencia de varios dispositivos legales? . . . para encontrar una respuesta a la interrogante planteada debemos de analizar lo que establece el Art. 109º de la Constitución Política del Perú  que textualmente refiere que  “la Ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”; dispotivo legal que se debe de complementar con el inciso 2) del Art. 44º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades que establece que  “las ordenanzas (. . .) deben ser publicados en el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades distritales y privinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad”.

Siguiendo la línea expositiva debemos de señalar que conforme lo establece el Art. 103º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 28389 (11) (norma que inserto la “teoría de los hechos cumplidos” en el ámbito constitucional a partir del 17/11/04 con motivo de la reforma pensionaria y que significó el cambio del ordenamiento jurídico nacional) “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las persona. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (. . .)”.

Conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional “de conformidad con la Teoría de los hechos cumplidos, recogida en el artículo 103° de la Constitución y en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, desde su entrada en vigencia (. . .)” (12).

El profesor Manuel Muro Rojo señala que “el texto actual del artículo 103º de la Constitución se adhiere, pues a la teoría de los hechos cumplidos – desdeñando la de los derechos adquiridos - , estableciendo que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; y adicionalmente, ratifica el carácter irretroactivo de las normas legales (. . .)” (13).  

Para Manuel Rubio Correa “la teoría de los hechos cumplidos sostiene que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, es decir bajo su aplicación inmediata. Entonces, si se genera un derecho bajo una primera ley y luego de producir cierto número de efectos esa ley es modificada por una segunda, a partir de la vigencia de esta nueva ley, los nuevos efectos del derecho se deben adecuar a esta y ya no ser regidos más por la norma anterior bajo cuya vigencia fue establecido el derecho de que se trate. Es una teoría que privilegia la transformación del Derecho a impulso del legislador ( . . .). Protege la necesidad de innovar la normatividad social a partir de la normas de carácter general” (14).

Javier Neves Mujica señala que “la teoría de los hechos cumplidos plantea que estamos ante una situación de irretroactividad cuando la nueva norma pasa a regir inmediatamente los hechos no cumplidos de las relaciones existentes, a partir de la oportunidad en que aquella entre en vigencia. Y la situación es de retroactividad, si los hechos ya cumplidos son revisados en virtud de la norma posterior” (15).

Conforme lo señala la Dra Mirtha Chenguayen Guevara, cuando analiza la reforma de la primera disposición final y transitoria de la constitución de 1993, suscitada por la Ley Nº 28389, “por la Teoría de los hechos cumplidos se afirma que hay irretroactividad cuando una nueva norma pasa a regir inmediatamente los hechos no cumplidos de las relaciones existentes, a partir de la oportunidad en que entra en vigencia. En cambio, hay aplicación retroactiva si los hechos ya cumplidos son revisados de acuerdo con la norma posterior”. Es decir “la teoría de los hechos cumplidos se aplica al caso de una nueva norma: si la misma recae sobre los hechos no cumplidos de las relaciones existentes, hay irretroactividad y si se aplica a los hechos ya cumplidos, hay retroactividad” (16).

El Dr. Darle Orellana Jiménez, cuando analiza la Teoría de los hechos cumplidos refiere que “esta teoría significa que la nueva ley alcanza a los hechos futuros, pues los ya verificados (cumplidos) se rigen con la ley antigua entonces lo que hay que investigar, no es si un derecho se adquirió bajo el régimen de ley antigua, sino, si un hecho jurídico se cumplió totalmente estando vigente la norma derogada. Según Mario Alzamora Valdez expresa lo siguiente: la teoría del hecho cumplido, afirma que los hechos cumplidos durante la vigencia de la antigua ley se rige por esta; los cumplidos después de su promulgación por la nueva” (17).

Es así la Dra Laura Huayta Arias, señala que “a su vez la teoría de los hechos consumados o hechos cumplidos se basa en el carácter innovador de las normas. Sobreentendiendo que  las leyes posteriores se suponen mejores que las anteriores. Según esta teoría la nueva ley rige sobre los hechos, relaciones o situaciones jurídicas que se produjeron durante  su vigencia, toda vez que los hechos cumplidos o consumados durante la vigencia de  la ley pretérita se rigen por ésta” (18).

Sintetizando las definiciones plasmadas sobre la teoría de los hechos cumplidos, debemos indicar que en virtud a sus alcances un hecho jurídico no cumplido con relaciones existentes, debe ser normado bajo la legislación en ese momento vigente, bajo el criterio de aplicación inmediata de la ley, por lo que el hecho no cumplido, deberá de adecuarse a las nuevas situaciones jurídicas que contemple la ley, a la nueva realidad y a las nuevas circunstancias; lo cual permite que el Derecho se adapte a la transformación de una sociedad, y no al revés.

Consecuentemente tal como se ha determinado, en líneas anteriores, en el caso de la ausencia de licenicas obra de construcciones efectuadas, nos encontramos ante una situación de infracción a las normas municipales que regulan los procesos constructivos en la ciudad, conducta que tiene la naturaleza de continuada en el tiempo, por lo que en tal sentido resulta de aplicación lo dispuesto por el Art. 103º de la Constitución Política del Perú, respecto a la teoría de los hechos cumplidos; toda vez que nos encontramos ante hechos aun no cumplidos, o lo que es lo mismo ante una situación en la que el administrado hasta la fecha, se resiste a contar con una licencia o autorización de obra o construcción municipal que lo sustraiga de la condición de ilegalidad que aun detenta, siendo de aplicación al administrado las disposiciones normativas que se encontrase vigente al momento del inicio del correspondiente procedimiento administrativo  sancionador.



(1)      Ley Nº 27972:
“Art. 90º Obras Inmobiliarias. 
La construcción, reconstrucción , ampliaciación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civi, y otros organismos que corresponda, para garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto ambiental, conforme a ley”.
“Art. 92º Licencia de Construcción.
Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios.
Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además en conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial”. 
(2)      Atribución municipal que se efectivizaba por intermedio del denominado “Inspector de Obras” (cuya existencia como de otros inspectores – de Policía, Instrucción Primaria, Mercados, etc - era reconocida por el Art. 74º de la mencionada ley). Personaje que es el antecedente del actual cargo de “Regidor”, y al cual se le confería en esa época funciones administrativas. Atribución, que en el caso materia de autos, concluía con la concesión de un permiso o licencia de construcción exterior de edificios por el Alcalde del Concejo Municipal, en virtud a la función que establecía el inciso 11) del Art. 80º de la denominada  “Nueva Ley de Municipalidades, que establecía textualmente:
“Los Alcaldes son ejecutores de las Resoluciones de los Concejos Provinciales y ejercen las siguientes funciones (. . .) Conceder ó negar por escrito las licencias que se soliciten para espectáculos y diversiones públicas, apertura de establecimientos y demás que les corresponda otorgar; todo en estricta sujeción á las ordenanzas y disposiciones del caso dejando en Secretaría y en Tesorería las constancias respectivas”
(3)      Su Disposición Final derogó la conocida como  “Nueva Ley de Municipalidades”, tuvo una vigencia desde 30/07/1978 hasta el 16/12/1980, fecha en que el Art. 2º de la Ley Nº 23230 la derogó y restableció temporalmente la vigencia de la Ley de Municipalidades de 1892 ya mencionada.
(4)      Con su vigencia se derogó definitivamente la “Nueva Ley de Municipalidades” de 1892 conforme a lo dispuesto en su segunda disposición final. (Vigente desde el 18/03/1981 hasta el 10/06/1984 fecha en que fue derogada por la Ley Nº 23853).
(5)      Vigente desde el 10/06/1984 hasta el 27/05/2003) fecha en que fue derogada por la Ley Nº 27972, actual Ley Orgánica de Municipalidades.
(6)      Abogado. Asesor Tributario del Estudio Caballero Bustamante. Profesor del “Post Título en Tributación” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del “Diplomado en Gestión y Consultoría Tributaria” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor del “Programa de Diplomado en Tributación” de la Universidad Nacional de Piura. Profesor del “Diplomado en Tributación” de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque..Profesor de la Universidad Privada San Juan Bautista. Profesor del Colegio de Contadores Públicos de Lima y del Colegio de Abogados de Lima.Fuente : http://www.teleley.com/articulos/art_mateucci.pdf
(7)      Fuente : http://www.teleley.com/articulos/art_mateucci.pdf
(8)      DE AHUMADA RAMOS, Francisco Javier; SOLAR CAYÓN, José Ignacio; Materiales para el estudio del derecho administrativo económico: Del formalismo al pragmatismo jurídico; Publicado por Librería-Editorial Dykinson, 2001 Madrid – España. Pag. 124.
(9)      Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Director de la Agencia Española de Protección de Datos. Vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Control de Protección de Datos Personales. Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Catedrático de Derecho Administrativo. Decano en las Facultades de Derecho de las Universidades de Castilla-La Mancha y San Pablo CEU de Madrid.   Miembro del Secretariado Permanente de la UIBA (Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados). Profesor invitado de las Universidades Italianas de Bolonia, Florencia, Pisa y Macerata, así como de la Universidad Lusiada de Lisboa. Socio de Honor de la Asociación Internacional de Expertos en Derecho de Trabajo y Escritores Laboralistas “Profesor Alonso Olea”.
(10)  Resolución: R/00551/2004 de la Agencia Española de Protección de Datos.
(11)  Ley cuya inconstitucionalidad fue desestimada por el Tribunal Constitucional en STC Nº 0050-2004-PI/TC, STC Nº 0051-2004-PI/TC, STC Nº 0004-2005-PI/TC y STC Nº 0007-2005-PI/TC.
(12)  STC Nº 07320-2005-AA.
(13)  GUTIERREZ, Walter: “La Constitución Comentada – Análisis artículo por artículo”. Tomo II. Gaceta Jurídica. Congreso de la República. Lima – Perú. Primera Edición 2005. Pag. 164.
(14)  RUBIO CORREA, Manuel: “Aplicación de la norma jurídica en el tiempo”. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Publicado por Univ. Catolica Peru. Lima – Perú. 2007. Pag. 28 y 29.
(15)  NEVES MUJICA, Javier: “Introducción al derecho laboral”. Publicado por el Fondo Editorial PUCP. Lima – Perú. 2007. Pag. 92.
(16)  Fuente:http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=1413
(17)  Fuente:http://www.monografias.com/trabajos37/temporalidad-ley/temporalidad-ley2.shtml.
(18)  Fuente:http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=1682

LA EJECUCION FORZADA DE MEDIDAS CAUTELARES ADMNISTRATIVAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL AMBITO MUNICIPAL



Abog. Marco Alaín Rodríguez Ríos.
  Ejecutor Coactivo
Municipalidad Provincial de Trujillo

Conforme lo establece la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en su desarrollo normativo, el Procedimiento Administrativo se subdivide en tres (03) clases o tipos: a) ordinario, b) trilateral y c) sancionador; cada uno de los cuales posee su propia finalidad, regulación, actos procesales, plazos y objetivos. Esto sin perjuicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario que contiene dentro de su regulación el D. Leg. Nº 276 y el Procedimiento Administrativo de Ejecución o también conocido como Procedimiento de Ejecución Coactiva que se encuentra regulado por la Ley Nº 26979; el mismo que se encuentra reservado para hacer cumplir las obligaciones tributarias y no tributarias que los contribuyentes o administrados mantengan con los entes públicos.  

Así, mientras el procedimiento ordinario y el trilateral, se encuentran reservados estrictamente para la atención de solicitudes del administrado destinadas a obtener el reconocimiento de algún derecho (verbigracia: obtención de alguna autorización) y para el reclamo sobre cobros en exceso en la prestación de servicios públicos respectivamente (verbigracia: cobros de luz, agua y/o teléfono), y el procedimiento administrativo disciplinario tiene como finalidad la imposición de una sanción por la comisión de una falta cometida por un servidor público; es el caso que el procedimiento administrativo sancionador es el único que regula los actos procesales mediante el cual la administración pública, y por ende la municipal ejerce su capacidad sancionadora ante los administrados de una jurisdicción.

Capacidad sancionadora que faculta a los entes públicos a la imposición de sanciones a los administrados (Verbigracia: clausura de locales, erradicación de comercio, inmovilización de bienes, etc) por la comisión de una infracción administrativa previamente tipificada; y que en el caso municipal tiene su origen o fuente en lo establecido por los Artículos 46º, 49º, 78º y 93º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades que establece que ( . . .) “las ordenanzas son las normas que determinan el régimen de sanciones administrativas municipales, las cuales pueden ser de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. Pudiendo dictarse sanciones de Clausura cuando el funcionamiento de un edificio, establecimiento o servicio está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruídos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario (. . .)”.

Es en tal sentido que en virtud a lo establecido en los Artículos 46º, 49º, 78º y 93º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades – muchas municipalidades publicaron su respectivas ordenanzas que establecían el Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas, Medidas de Carácter Provisional y el Procedimiento para su Aplicación o denominadas con el nombre de RAS; y que en la práctica representaba la adecuación normativa de los órganos municipales a las reglas procedimentales establecidas en los Artículos 230º al 237º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir para el manejo del procedimiento administrativo sancionador, en sus diversas y subsecuentes etapas regidas por el principio de preclusión, como son:

1.         Actos previos de investigación, averiguación e inspección..

2.       Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador por la comisión de un administrado de una infracción administrativa previamente tipificada en norma legal u ordenanza municipal (materializado a través de Resolución Administrativa emitida por los órganos instructores).

3.       Descargos y/o alegatos del presunto infractor (materializados a través de escritos que pudieran presentar los administrados negando y/o aceptando los hechos que generaron el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador). 

4.       Etapa Probatoria (materializada a través de actuación de medios de prueba que hubiera presentado el administrado en su descargos y/o alegatos y/o los que considere necesarios de oficio los órganos municipales).

5.       Elaboración de Informe Final de responsabilidad (materializado a través de la emisión de documento por los órganos instructores, donde opine de acuerdo a los medios de perennización de la prueba obtenidos en la secuela del proceso por la imposición o no de sanción final).

6.       Emisión de imposición de sanción final (materializada a través de la emisión de Resolución Administrativa respectivas por los órganos sancionadores).

7.       Etapa de impugnación de sanción final (materializada por los administrados cuando hacen uso de su facultad de contradicción establecida en el Artículo 206º de la Ley Nº 27444, a través de Recursos de Reconsideración y Apelación, en esta etapa se pone fin a la vía administrativa para dar paso a los actos procesales de ejecución forzada).

8.       Ejecución Forzada de Sanción (materializa por el Ejecutor Coactivo conforme a las reglas establecidas en la Ley Nº 26979 modificada por la Ley Nº 28165) que si bien es cierto no forma parte integrante de las actuaciones procesales del procedimiento administrativo sancionador, sino del procedimiento de ejecución coactiva, a manera de exposición es importante tener en cuenta.

No obstante toda la secuela procesal antes planteada para la imposición de una sanción final o definitiva a un administrativo (Verbigracia: Clausura Definitiva) que conlleva de ser el caso el uso por el infractor de su derecho de contradicción (interposición de Recurso de Reconsideración y/o Apelación) que limitaría a la Administración Pública la ejecución forzosa inmediata del acto administrativo respectivo en tanto se encontrase pendiente la resolución del recurso respectivo o el vencimiento del plazo legal para la impugnación de la resolución administrativa que contiene la sanción (15 días hábiles conforme a lo establecido en el numeral 207.2. del Artículo 207º de la Ley Nº 27444); existe la facultad especial de los conocidos como órganos instructores dentro de la secuela del procedimiento administrativo sancionador, (en virtud a lo establecido en los Artículos 146º y 236º de la Ley Nº 27444, numeral 13.7. del Artículo 13º de la Ley Nº 26979 modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 28165) para disponer la adopción inmediata, luego de haberse dispuesto el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, de medidas concretas y materiales (verbigracia: Clausura Inmediata) conocidas por la normatividad vigente como “Medidas Cautelares Previas Administrativas o Medidas Cautelares de Carácter Provisional”; emitidas cuando se encuentra en peligro la salud, la higiene o la seguridad pública o en los casos en que se vulnere las normas sobre urbanismo o zonificación. Las mismas que por su carácter especial deben ser ejecutadas forzadamente por el Ejecutor Coactivo de manera inmediata sin que sea necesario el vencimiento del término de impugnación o de plazo alguno; a través de los denominados actos procesales de Ejecución Forzosa  de “Medidas Cautelares Previas Administrativas”, los mismos que poseen connotación distinta a los alcances de un Procedimiento de Ejecución Coactiva en cuanto a requisitos para su inicio,  plazos para la actuación voluntaria por el administrado y Medidas Cautelares que se dictan durante su secuela; siendo tramitados en Cuaderno Especial (Incidente de Medida Cautelar formado con copias del Expediente Administrativo principal).

Es asi que las medidas administrativas concretas e inmediatas insertas en una “Medida Cautelar Previa Administrativa o “Medida de Carácter Provisional”, difieren completamente de una sanción final o definitiva en cuanto a su naturaleza y marco legal, toda vez que:

1.         Su connotación y/o naturaleza jurídica tanto como la material, no es la de una sanción final sino mas bien es un anticipo de aquella.

2.       Es dictada para evitar y/o contrarrestar situaciones que ponen en peligro la salud, higiene o seguridad pública, o en los casos en que se vulnere las normas sobre urbanismo y zonificación, conforme a lo establecido en el numeral 13.7. del Artículo 13º de la Ley Nº 26979 modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 28165.

3.       Para su ejecución forzada, conforme a lo establecido en el numeral 13.7 concordante con el numeral 13.1. del Artículo 13º de la Ley Nº 26979 modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 28165, no se requiere el vencimiento de término para su impugnación o de plazo alguno.

4.       Su vigencia en el tiempo es temporal, por lo que transcurridos treinta (30) días hábiles desde su dictado y/o emisión caducan sus efectos de pleno derecho.

5.       No es adoptada por los órganos sancionadores de la municipalidad sino por aquellos encargados de la etapa instructora o denominados “órganos de instrucción o instructores”.  

6.       No obstante ser pasible de impugnación dentro de los tres (03) días de notificada la Resolución Administrativa que la contiene (a diferencia de los 15 días regulares de una Resolución que contiene una sanción final);  para su ejecución forzada a través de la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, no requiere la espera del vencimiento de aquel  término, conforme lo establece el numeral 226.3 del Artículo 226º de la Ley Nº 27444, sino su materialización se realiza de manera inmediata; y.

7.       Son dictadas y ejecutadas forzadamente, inmediatamente después de haberse iniciado el correspondiente procedimiento administrativo sancionador sin necesidad de la espera y/o vencimiento de intervalo de tiempo alguno. A diferencia de una sanción final que requiere para su dictado la conclusión de toda la secuela (etapas) del procedimiento administrativo sancionador (enunciados de manera expositiva en el item 4), y el fin de la vía administrativa respectivamente para su ejecución forzada.



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POLITBLOG: RAZONES PARA ESTAR EN EL CIBERESPACIO

Nos era necesario el POLITBLOG VISION DE LA POLITICA ACTUAL, por que normalmente cada medio o centro de prensa publica lo que es conveniente a sus intereses, o calla los errores con LAS AUTORIDADES PUBLICAS con quienes están comprometidos; unos, por que la autoridad pública no les da estipendios vía auspicios; otros CALLAN o guardan silencio porque efectivamente se les concede estipendios vía auspicios.
Entonces, unos insisten vorazmente en sus errores de gestión otros los callan y sólo exponen sus méritos. Y la opinión pública los conoce y los denuncia en voz baja, los desaprueba pero se queda en el comentario común, lo que llamamos OPINION PUBLICA parte de la CONCIENCIA COLECTIVA.
EL Politblog lo dice.
Me he quedado sorprendido que a poco tiempo de Politblog los lectores han aumentado en sus visitas signifiativamente, por lo que lo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones:
1.- Normalmente COMENTAR, CRITICAR UNA INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA, nos hace ENEMIGOS DE ELLA o de sus integrantes, o de sus aludidos, los que actúan en contra de los que piensan distinto de manera negativa.
Desde el POLITBLOG opinamos que NO. Las personas con las que discrepamos son tan ciudadanos como nosotros, con diferentes ideas y criterios; pero que enc cuyas diferencias no nos hace enemigos de nadie. Por encima de las diferencias y de las discrepancias siempre habrá buenas relaciones con las AUTORIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. La sana crítica dicha con toda fuerza no nos hace enemigos de nadie, como que lo cortez no quita lo valiente. Por encima de la discrepancias y diferencias el respeto y la cortesía.
2.- Y su correlato, coincidir con los OPOSITORES ACERRIMOS Y RECALCITRANTES A LA GESTION EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NO NOS HACEN SUS ALIADOS. Podemos coincidir cuando se trate de la defensa de la Legalidad, y de la Justicia tanto con opositores como con la propia autoridad y eso no significa alianzas con unos y desatinos con otros.
3.- El trabajo de comentar, de criticar, de OPONERSE SE TIENE COMO MEDIO PARA CONSEGUIR UN BENEFICIO, de tal suerte que la posición opositora se vuelve UNA ESPECIE DE SEUDOCHANTAJE O PRESION PARA LOGRAR EL BENEFICIO PERSONAL O DE GRUPO. Nuestro Politblog rechaza esa´posibilidad.
4.- Mucho consideran que se puede CRITICAR abiertamente de manera recalcitrante, mientras se traten de personas con las que no nos une una relación de afinidad partidaria, lazo familiar, o amical; pero esa agresividad se PARALIZA si se trata que quien se ha equivocado es un AMIGO O UNA AMIGA. POLITBLOG cree que si los amigos se equivocan con mayor razón CRITICAREMOS y DESAPROBAREMOS SUS ACCIONES. Nopodemos hacernos cómplices de sus desaciertos y delitos.
5.- ADVIERTO a los anónimos que EL DINERO O BENEFICIO NO PUEDE COMPRAR JUICIOS Y CRITERIOS, CONCIENCIAS, no del POLITBLOG. Si es que esta se diera será publicada en el POLITBLOG.Las nuevas generaciones exigimos EL EJERCICIO DE LA ETICA Y LA MORAL EN LAS ACCIONES DE LA FUNCION PUBLICA Y PRIVADA.
LAS NUEVAS GENERACIONES EXIGEN el ejercicio de la ETICA Y LA MORAL EN EL USO DE LA LETRA de la prensa escrita Y DE LA PALABRA de la prensa radial y televisiva.El Politblog SE ORIGINA como una necesidad para decir la verdad, esa que muchos exacerban y otros callan por temor o compromisos adquiridos. O otros callan so pretexto de auspicios. Si no dices estas verdades o no publicas lo que Politblog Publica te auspicio y si no lo retiramos. Asi es la presión de los medios locales aqui donde los del Poder de turno pueden acallar las voces. De todos si, pero del Politblog no.
Pensamos que la prensa local SOLO DEBERIA SER OBJETIVA: DECIR LA VERDAD TAL CUAL ES con la prueba contundente en la mano o con indicios razonables.
6.- Nuestra carrera DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, nos prepara para el ejercicio de la función del derecho en la defensa y en la asesoría jurídica; pero también otra labor conexa a ella es la CIENCIA POLITICA, -la que normalmente los abogados descuidamos porel solo hecho de la producción, atención de casos que generen ingresos-, el arte y manejo de la función publica. Politblog VISION DE LA POLITICA ACTUAL es una forma de ejercer esa parte de mi profesión LA CIENCIA POLITICA en una solo de sus fases el analisis, la opinión y crítica de los actos y las acciones sociales.
Esperamos contribuir con las opiniones objetivas aunque no siempre sea un buen oficio el de escribir razonablemente por que "La razón obra con lentitud, y con tantas miras, sobre tantos principios, que a cada momento se adormece o extravía. La pasión obra en un instante." Blas Pascal. Ello importa que avanzaremos con lentitud en medio deuna cultura donde efectivamente se lee poco. Aun asi confiamos en que nuestros amigos de los medios locales lo sigan publicando.
Agradecemos a todos los que extraen material para sus diarias ediciones desde nuestro POLITBLOG.
Asi Politblog agradece la visitas de los amigos y esperamos siga teniendo de cerca a los cibernautas como hasta hoy.