El 30 de junio del 2009 , con el supuesto fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el presidente de la República, Alan García Pérez, devolvió al Congreso la norma que planteaba la modificación de la “Ley de ampliación de la protección patrimonial y transferencia de participación accionaria del Estado a las empresas agrarias azucareras”.
Una de las observaciones con las que devolció García al Congreso es que el planteamiento de promover la adquisición de acciones por los trabajadores es “compartido y respaldado” por el Ejecutivo, por tratarse de una medida “acertada en su objetivo social”, sin embargo, es conveniente observar la Autógrafa en razón de que “podría afectar gravemente” a los trabajadores y “beneficiar casi con nombre propio a algunos especuladores, si es que no se añaden otros elementos”.
"Por ello, el jefe de Estado sugiere incorporar en la Ley un artículo por el cual se establezca que “los trabajadores que adquieran acciones a cambio de su CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y acreencias laborales, no podrán transferirlas en los primeros 24 meses a un precio inferior al pagado por el trabajador”".
“Si no se incluye tal procedimiento, los trabajadores serán víctimas de los especuladores, quienes les ofrecerán precios ínfimos por sus acciones, con lo que sus respectivas CTS y demás acreencias laborales quedarán reducidas a esos montos”, advierte en el oficio dirigido a la Presidencia del Congreso.
García Pérez recuerda que este hecho “ya ocurrió en otras empresas azucareras en las que una acreencia social convertida por su precio total en acciones, se vio reducida a la quinta parte al ofertarse tales acciones en el mercado por la necesidad del trabajador”.
Asimismo, sobre el planteamiento para constituir una Comisión Investigadora sobre el hecho de que Proinversión haya realizado la convocatoria a una venta de las acciones del Estado, aclara que tal convocatoria se hizo para cumplir con el mandato de la Ley N° 29299, dado por el actual Congreso.
Dicha norma establece que en 180 días de su publicación (el 13 de junio del 2009) debería efectuarse tal convocatoria.
“Pretendiendo ignorar tal hecho, se propone crear una Comisión Investigadora cuyo único efecto será abrir un espacio en el cual ningún trabajador presentará oferta y, por tanto, el valor de las acciones se verá disminuido y el pago de los trabajadores se hará imposible también”, precisa el mandatario.
En conclusión, señala que “con el argumento de impedir que grupos monopólicos o de gran poder económico adquieran las acciones, se favorece la actual situación, se impide la valorización de las acciones de las empresas y se hace imposible el pago de más de 200 millones de soles a los trabajadores por la deuda social a la que estaría destinada en monto total de la transferencia”.
“Pero más allá de que ésta se haga o no, una medida como la conversión de deuda en acciones cotizables a precio vil o el retardo de la valorización resulta altamente perjudicial cuando no sospechosa”, añade el jefe de Estado.
El oficio con la observación de la Autógrafa lleva las rúbricas del presidente Alan García y del jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon.
FUENTE: NOTICIAS TRUJILLO
Una de las observaciones con las que devolció García al Congreso es que el planteamiento de promover la adquisición de acciones por los trabajadores es “compartido y respaldado” por el Ejecutivo, por tratarse de una medida “acertada en su objetivo social”, sin embargo, es conveniente observar la Autógrafa en razón de que “podría afectar gravemente” a los trabajadores y “beneficiar casi con nombre propio a algunos especuladores, si es que no se añaden otros elementos”.
"Por ello, el jefe de Estado sugiere incorporar en la Ley un artículo por el cual se establezca que “los trabajadores que adquieran acciones a cambio de su CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y acreencias laborales, no podrán transferirlas en los primeros 24 meses a un precio inferior al pagado por el trabajador”".
“Si no se incluye tal procedimiento, los trabajadores serán víctimas de los especuladores, quienes les ofrecerán precios ínfimos por sus acciones, con lo que sus respectivas CTS y demás acreencias laborales quedarán reducidas a esos montos”, advierte en el oficio dirigido a la Presidencia del Congreso.
García Pérez recuerda que este hecho “ya ocurrió en otras empresas azucareras en las que una acreencia social convertida por su precio total en acciones, se vio reducida a la quinta parte al ofertarse tales acciones en el mercado por la necesidad del trabajador”.
Asimismo, sobre el planteamiento para constituir una Comisión Investigadora sobre el hecho de que Proinversión haya realizado la convocatoria a una venta de las acciones del Estado, aclara que tal convocatoria se hizo para cumplir con el mandato de la Ley N° 29299, dado por el actual Congreso.
Dicha norma establece que en 180 días de su publicación (el 13 de junio del 2009) debería efectuarse tal convocatoria.
“Pretendiendo ignorar tal hecho, se propone crear una Comisión Investigadora cuyo único efecto será abrir un espacio en el cual ningún trabajador presentará oferta y, por tanto, el valor de las acciones se verá disminuido y el pago de los trabajadores se hará imposible también”, precisa el mandatario.
En conclusión, señala que “con el argumento de impedir que grupos monopólicos o de gran poder económico adquieran las acciones, se favorece la actual situación, se impide la valorización de las acciones de las empresas y se hace imposible el pago de más de 200 millones de soles a los trabajadores por la deuda social a la que estaría destinada en monto total de la transferencia”.
“Pero más allá de que ésta se haga o no, una medida como la conversión de deuda en acciones cotizables a precio vil o el retardo de la valorización resulta altamente perjudicial cuando no sospechosa”, añade el jefe de Estado.
El oficio con la observación de la Autógrafa lleva las rúbricas del presidente Alan García y del jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon.
FUENTE: NOTICIAS TRUJILLO
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