CUANDO EL PODER PESA MAS QUE LA LEY

Eso es lo que podemos denominar una incongruencia total de la bancada aprista con el principio de la transparencia y la lucha contra actos de corrupción al interior del Legislativo

En febrero del 2008, la acusación constitucional contra Tula Benítes, interpuesta por el procurador del Congreso de la República hace poco más de ocho meses, debido a la contratación de un asesor fantasma como trabajador del Congreso, sigue en vilo. En concreto, ella ha sido denunciada por falsedad genérica, colusión y peculado al haber contratado a Juan Carlos Cuadros Noriega, quien presuntamente nunca se presentó a trabajar en su despacho.

En efecto, en junio del 2007, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales inició un procedimiento de antejuicio político por medio del cual, de declararse fundada la acusación —tanto en la Sub Comisión, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso—, ella sería denunciada por el Ministerio Público ante la Sala Penal de la Corte Suprema, pues ya no contaría con las prerrogativas funcionales que la amparaban frente a la posibilidad de enfrentar un proceso penal.

Sin embargo, lejos de que este procedimiento siga su curso normal y concluya en un plazo razonable, hemos sido testigos de cómo en varias ocasiones se han frustrado las sesiones de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, primera encargada de evaluar el caso de la congresista de la bancada aprista y de dar continuidad al procedimiento en las siguientes instancias del Congreso de la República.

Durante todo este tiempo, los medios de comunicación han expuesto esta situación y la forma en la que los congresistas del APRA (que forman parte de esta comisión) han impedido de manera intencional que las reuniones se lleven a cabo. Varias han sido las oportunidades en las que las ausencias o renuncias de los apristas han impedido que se forme el quórum de la Comisión.

En concreto, en cuatro ocasiones que datan desde el mes de julio del 2007, las audiencias de la Sub Comisión han sido frustradas. Ahora bien, la cuarta audiencia programada para el 28 de enero del 2008 fue suspendida debido a la renuncia de la congresista aprista Hilda Guevara y a la ausencia del también aprista José Vargas Fernández. Dos días después, para “solucionar el problema de la renuncia”, el APRA nombró al congresista Franklin Sánchez, quien en ese momento no se encontraba en el Perú, y que por ello solicitó una licencia para no participar en la audiencia programada para el 4 de febrero. Finalmente, la quinta sesión pudo llevarse a cabo, aun con la ausencia de Sánchez, la cual ya había sido prevista, y la inasistencia de los testigos del caso Benítes. Sobre esta situación, el presidente de la subcomisión, José Saldaña (UPP), decidió dar por concluida la etapa de audiencias y encargó a dos legisladores —Fredy Otárola (PNP) y Carlos Bruce (AP)— elaborar cada uno una propuesta de informe final sobre los dos casos mencionados con la finalidad de que se voten ambos en la sesión del lunes 11 de febrero (El Comercio, 05/02/08).

Mas allá de ello, incluso el que esa reunión se haya realizado, no permite pasar por alto que el hecho que el APRA haya nombrado a un parlamentario que se encontraba de viaje para ser miembro de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. Eso es lo que podemos denominar una incongruencia total de la bancada aprista con el principio de la transparencia y la lucha contra actos de corrupción al interior del Legislativo. Asimismo, ello demuestra la poca voluntad del partido respecto a la necesidad de que este tema se solucione con prontitud; y su actitud casi colinda con el afán de que todo el problema se olvide, para que prime así la impunidad y el famoso “otorongo no come otorongo”. ADUCIENDO SU PROPIO REFRAN DIRIA ESTE ES EL APRA QUE LES PARECE.- Por una cosa es la Doctrina y la Ley y la otra es la impunidad. La Ley severa del Apra contra una congresista de Unidad Nacional pero....cuando se trata de una congresista aprista??...se intenta sacar la vuelta a la propia Ley. Asi es Cuando el poder pesa mas que la Ley.

De otro lado, frente a todo este panorama, otra reflexión que podemos trazar es el hecho que a Tula Benítes se le haya dado un trato distinto al de otros parlamentarios que también han sido acusados constitucionalmente de cometer los mismos ilícitos que ella.(Es que la ley no es igual para todos: una es para los peruanos otro es para los apristas) En efecto, si recordamos el caso de la desaforada Elsa Canchaya, tanto la Sub Comisión de Acusaciones, la Comisión Permanente y el Pleno aprobaron la denuncia constitucional en un plazo razonable, lo que dio como resultado que el Ministerio Público la denunciase ante el Poder Judicial por los delitos cometidos en ejercicio de sus funciones. Así, podríamos afirmar que lo que existe es un doble estándar en lo que se refiere a otorgar sanciones y concluir procedimientos que levantan prerrogativas funcionales a los congresistas de la República.

Asimismo, el jueves 7 de febrero, ha trascendido que Freddy Otárola presentó ya el informe final sobre el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el que propone se apruebe la acusación contra Tula Benítes (La República, 07/02/08).En ese sentido, la bancada aprista no debería trabar más el trabajo de la subcomisión. El APRA debe corregir su actitud. Apelamos a que como grupo parlamentario puedan mantener e impulsar el respeto por los valores de un Estado Democrático y facilitar que este proceso llegue a su fin. En esa lógica, la ciudadanía espera que la próxima sesión no se vea nuevamente frustrada y el proceso contra Tula Benítes siga su curso.

Estos beneficios llenos de ardid en ausencias, faltas y renuncias solo afectan la dignidad de la Nación, no es posible que gracias a esos amarres y colusiones que tienden a realizar los partidos tradicionales, sean capaces de retardar la justicia a vista y paciencia de todos los peruanos.

Pues como vemos la criollada, la viveza criolla que despreciamos viene con ejemplos desde el Congreso.