La justicia debe actuar con inteligencia y decencia
¿Quiénes son los responsables de la muerte de los dos campesinos?
Por Otoniel Paul Ochoa Roca *
Profesor de la UNSCH
La respuesta se hallará sólo si se lleva a cabo una investigación judicial eficaz y libre de presiones de cualquier índole. De momento tenemos las versiones contradictorias del titular del Ministerio del Interior, de la PNP y del policía que se presume que efectuó los disparos. Pero, ¿qué es lo que motivó la sucesión de estos acontecimientos?. Una sumaria indagación, nos lleva ampliar las respuestas para depurar responsabilidades desde su origen. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de los campesinos?. Para el Ministro Alva Castro son los mismos campesinos; para la fiscalía el policía que disparó los perdigones de plomo. Frente a los acontecimientos que ahora enrarecen el clima político y democrático de nuestro país, indudablemente las respuestas que se han dado son limitadas y mediáticas. Es evidente que la respuesta del Ministro es desafortunada y linda con el despropósito total.
La acción penal que inició la fiscalía, además de ser muy limitada, parte de supuestos erráticos. La depuración de los cargos parte desde aquellos funcionarios públicos que tuvieron la ineludible obligación de resolver los problemas antes de que se produzca el paro agrario. No cabe duda que alguien debe responder por las muertes, pero lo que no se debe hacer es una imputación por homicidio calificado e incluir en la acción penal al dirigente de los campesinos.
Una condena judicial bajo estos supuestos a todas luces es inviable. ¿Acaso los mismos trabajadores del poder judicial no tienen derecho a protestar en la vía pública, a veces interrumpiendo la tranquilidad y la libre circulación de las personas?. ¿A qué fiscal con sentido común se le ocurriría acusarlos de instigación al terrorismo?. ¿O es que los campesinos, sólo por ser tales, cualifican siempre como terroristas?. Obviamente no es así. La falta de atención a justos reclamos siempre son motivos para adoptar decisiones extremas. ¿Quiénes estuvieron llamados a atender los problemas de los campesinos?. No hay que desgajarse el cerebro para responder. Son los funcionarios competentes para tal caso. De tal manera que, habría que determinar si éstos burócratas atendieron esos reclamos. Si no lo hicieron habrían incurrido en grave responsabilidad. Si partimos desde aquí, veremos si más adelante se van reduciendo las constantes protestas, que casi siempre son extremas; pero, son extremas NO porque sean salvajes o subdesarrollados, sino, porque en la administración pública existen entumecidos empleados que son insensibles al momento de resolver un problema. ¿Por qué estos aletargados oficinistas no se anticipan al problema y prevén soluciones mediante el diálogo con los afectados? ¿Por qué esperan a que se produzcan protestas con las lamentables pérdidas de vidas humanas?. Con perdón de los lectores debo graficar la triste realidad constante del ambiente laboral de nuestros funcionarios; así, si se trata de organizar “polladas” son eficientes y previsores. La fiscalía debe estudiar seriamente la inclusión en la acción penal a los funcionarios, por las inexcusables omisiones en sus funciones.
El campesino protesta en ejercicio del derecho constitucional de manifestación. El policía dispara en cumplimiento de sus funciones y probablemente porque se lo permite una ley perniciosa que aunque sea legal es injusta e impropia en un sistema democrático. Frente a los hechos consumados, es necesario que la justicia proceda con decencia, porque los ciudadanos esperamos una actuación judicial inteligente, justa e imparcial. La rutina y práctica de las cortes suelen ser siempre en términos de “silogismo judicial”, donde el “hecho” que se cualifica jurídicamente constituye la “premisa menor” y la regla jurídica la “premisa mayor”. Así, pues, las soluciones que vayan a tomar no sean de espaldas a la realidad; si se hace bajo este esquema, la aplicación del derecho “puede concebirse aquí –según el significado más tosco de la palabra- a semejanza de una acción consistente en superponer una formula a una materia informe para moldear según sus trazos”. Desde luego que aún existen jueces y fiscales que conciben el derecho como un arsenal de moldes jurídicos.
La justicia, en este momento, debe ponerse al servicio de dos aspectos básicos: la ley y la realidad. Sólo a través de la tensión entre estas dos vertientes, de la actividad judicial, se podrá respetar el debido proceso y la transparencia. La justicia recta y honesta es la que no acepta presiones políticas. Existen realidades y experiencias en las que los jueces salvan el honor y dignidad de una nación y de un pueblo. Recuerdo que, en su momento, a instancias de la Defensoría del Pueblo, un valiente juez tomó la decisión, vía habeas corpus, liberar a los campesinos de Chacas y que inexplicablemente, días después, fue defenestrado de su cargo. Esperemos que con el titular del 4° Juzgado Penal no suceda lo mismo.
* Otoniel Ochoa Rocca es Profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga Ayacucho- Actualmente con estudios en Maestría en Derechos Humanos
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