POCO POR FESTEJAR, MUCHO POR HACER: EN EL DÍA MUNDIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Por cada derecho que, a pesar de estar por todo lo alto reconocido, se haya paradójicamente violado, nace un día para celebrarlo; o quizá mejor sea decir recordarlo, a fin de remembrar su importancia y, como correlato, concientizar a las personas, algunas serán las que detentan el poder (los que tienen el deber de cumplir con el derecho). Pero antes que nada, será para llamar la atención de aquellas que son sus titulares, la población, pues es necesario que sepan qué ostentan, y por qué es relevante que se organicen para que lo exijan. Eso es lo que sucede, consideramos, con el Día Mundial de Acceso a la Información, conmemorado cada 28 de setiembre.
En el tema del acceso a la información, qué duda cabe, subyace un conflicto político. Poniendo por un momento en suspenso las posiciones más optimistas, es claro que a los políticos y funcionarios deshonestos les conviene que se conozca lo menos posible sobre sus actividades. Y al revés: mientras más informada esté la población, existe más presión para el cumplimiento de los mandatos públicos, y menos probabilidades de que las funciones públicas se tuerzan. De ahí que se haya dicho, con razón, que la información es un bien, que por su importancia es muy costoso, y como tal, tienda a ser monopolizado por los que tienen el poder para hacerlo. Conscientes de ello, el 28 de septiembre del 2002, distintas organizaciones dedicadas a promover el derecho de acceso a la información en todo el mundo, se encontraron en Sofía, Bulgaria; y crearon una red de promotores y defensores de este derecho con el objeto de generar gobiernos más transparentes y ciudadanía mas informada. La consigna entonces, es romper con el monopolio de la información.
El Perú tiene las mejores condiciones para que esta democratización de la información no se lleve a cabo. Kahhat nos dice por ejemplo que, cada nuevo gobierno, hereda no un poder institucionalizado, sino, al parecer, un mandato amplísimo, donde la población da la misión para solucionar sus problemas, y las formas no importan mucho[1]. En ese escenario, pues, andar dando cuentas sobre lo que se hace o deja de hacer, no parece ser lo más eficaz.
Pero esa idea se rompe cuando tomamos conciencia de que lo importante para la gobernabilidad de un país, pasa por evitar que el Estado gobierne de espaldas a la Sociedad Civil, o peor aún que la confronte, como parece estar sucediendo hoy en día. Al contrario, la Sociedad Civil, no sólo cumple un rol puramente fiscalizador, sino que al hacerlo, en realidad sienta las bases para que el Estado decida con democracia, con inclusión y justicia.
El contexto actual, sobre todo el de hace algunas semanas, pinta un panorama angustioso. Desde el Estado, vemos que en el Congreso está en todo su apogeo una cultura del secreto. Y cómo no pensar eso cuando ante la demanda legítima de la población a fin de que los parlamentarios hagan público las justificaciones de sus gastos operativos, nos encontramos con una pared, actitud que da entender que los referidos gastos se están usando como un “complemento” a su remuneración mensual. El Ejecutivo tampoco se queda atrás. La Defensoría del Pueblo ha criticado que la Presidencia del Consejo de Ministros no cumple con el encargo, establecido en la Ley de Transparencia, de informar al Parlamento sobre la cantidad y el estado de las solicitudes de información hechas a las entidades estatales. Ahora bien, si el Congreso no da muestras de que la ley se cumple en la propia casa, cabe preguntarse qué sentido tiene que se le dé cuentas a este desprestigiado Poder. Y los ejemplos pueden seguir.
Olvidado, como decíamos, está el derecho de acceso a la información, a pesar de encontrarse expreso en la ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 3 dice:
"Artículo 3º.- Principio de publicidad
Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. En consecuencia:
Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15º de la presente Ley.
El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.
El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad."
Desde nuestra tribuna, nos interesa sobremanera que esta ley sea cumplida de cara a la elección del nuevo Presidente del Poder Judicial. Contamos con que el valor y la utilidad que entraña esta norma, sea el ánimo con que se lleve a cabo tan importante proceso de selección. Estaremos atentos a su desarrollo.
Esta misma actitud se despliega en todo el país, las violaciones al acceso a la Información Pública es una constante de todas las autoridades públicas. Con el lamentable ejemplo que ha dado el Congreso de la República y los gastos operativos; y casi por unanimidad de todas las bancadas, no me queda otra cosa sino que celebrar el Dia del Acceso a la Información Pública como el Dia de la Violación de la Ley, los Congresistas se sienten por encima de ella, y tambien por las autoridades locales, en Casa Grabde por ejemplo hay un proceso contra el Alcalde por haber violado esta ley. Una cuestión de la que se vio precluída, concluída en la prensa y la opinión pública con el escándalo que desmorana al Gobierno Aprista: el PETROESCANDALO protagonizado nada menos que por un aprista de viejo cuño ROMULO LEON ALEGRIA.
La Violación a la Ley de Acceso a la Información, genera este tipo de delincuencias, es el fortín de la corrupción.
